MIAMI, Fla. – Agentes federales de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) esperaban a que llegaran los invitados a un baby shower en un restaurante en Little Havana, Miami. Cuando se acercaron para arrestar a una mujer, dos hombres que estaban cerca de ella salieron corriendo sosteniendo estuches que parecían ser de un violín y una guitarra.
Los agentes de la DEA registraron a la mujer y descubrieron que llevaba $1,200 en efectivo. Sospechaban que los hombres eran sus guardaespaldas y anunciaron que habían arrestado a Martha Libia Cardona, una prófuga de alto perfil, pero no era ella. El vergonzoso error ocurrió en 1983.
El agente especial Brent Eaton, en ese momento portavoz de la DEA, tuvo que explicar el error a los reporteros. Las huellas dactilares de la sospechosa, Lilia Reyes, no coincidían con las de Cardona, quien había huido de Miami después de pagar una fianza de $1 millón tras su arresto en 1980. La pista provino de dos testigos.
“No está claro si ella alguna vez dijo específicamente que era Martha Cardona, pero ambas personas llegaron a esa conclusión de forma independiente”, dijo Eaton a los reporteros sobre los testigos que creyeron que Reyes, de 38 años, era Cardona, de 36 años, quien había sido arrestada en 1980 en Miami.
Pagar fianzas después de los arrestos en EE. UU. era parte del costo de hacer negocios cuando la extradición de Colombia a EE. UU. era rara. Había sobornos a funcionarios corruptos y aquellos que pagaban con sus vidas. El riesgo era mayor para las familias que se habían convertido en anillos criminales al servicio del cartel de Medellín.
En 1982, el ex reportero de Local 10 News, Mark Potter, entrevistó a un contrabandista estadounidense para su serie de investigación de cinco partes “Guerras de Drogas Colombianas”. Hablando bajo condición de anonimato por temor a represalias, el piloto estadounidense dijo que mientras trabajaba en Colombia, había sobornado a un oficial de policía, a un senador, coroneles y generales.
“Puedes hacer arreglos para aterrizar en un aeropuerto internacional como Barranquilla o aterrizar en una base militar en Guajira, y tener al ejército cargando el avión para ti”, dijo. “Usan montacargas y cintas transportadoras para cargar el avión para ti, y protegen el campo para asegurarse de que ningún bandido se acerque”.
Cardona, madre de cuatro hijos, se convirtió en viuda cuando su esposo Luis Carlos Gaviria fue asesinado durante una transacción de 400 kilos de cocaína en 1977 en Nueva York. Los agentes de la DEA creían que fue entonces cuando tuvo que asumir el papel de matriarca del negocio familiar.
La asociada del cartel de Medellín de Cardona, Griselda Blanco, una poderosa jefa del crimen que quería ser conocida como “La Madrina” porque era fanática de la épica película de crimen de 1972 “El Padrino”, conocía bien ese costo. Según la DEA, solo uno de sus cuatro hijos sobrevivió, fue Michael Corleone, nombrado así en honor al personaje de la película.
El asesinato del hijo de 27 años de Blanco, Osvaldo “Ozzy” Trujillo Blanco, también conocido como John Owaldo Trujillo Blanco, fue el más público. Después de ser liberado de una prisión de EE. UU., había estado en Colombia durante cuatro meses. Fue el objetivo de un tiroteo masivo en 1992 en La Baviera, una taberna de moda en Medellín.
Blanco ya estaba en prisión cuando se enteró del asesinato. La justicia estadounidense ya había alcanzado a Cardona. Las autoridades colombianas la arrestaron en 1991 y un juez ordenó su extradición para enfrentar cargos de tráfico de drogas en la corte federal de EE. UU. en Miami.
Funcionarios colombianos le dijeron a Potter que carecían de recursos para destruir plantas de coca o erradicar los remotos “laboratorios” que se usaban para producir cocaína para el tráfico a gran escala. La jueza jefe de Medellín, Flor Palacio, estaba entre aquellos que responsabilizaban a EE. UU. por la demanda que alimentaba la corrupción.
“Creo mucho en la honestidad de los oficiales que dirigen las organizaciones de seguridad”, dijo Palacio a Potter. “Al mismo tiempo, creo que la mayoría de los agentes son corruptos”.
En 2000, EE. UU. lanzó el Plan Colombia, el cual tuvo un costo para los contribuyentes estadounidenses alrededor de $14 mil millones hasta 2022, según el Servicio de Investigación del Congreso. En la solicitud de presupuesto de 2024, la administración del presidente Joe Biden solicitó $444 millones para hacer frente al narcotráfico y la gestión de la migración en Colombia.
“La producción se hace para la demanda; sin demanda no hay producción”, dijo Rodolfo García, el exjefe antidrogas en Colombia, a Potter en 1982 sobre el papel que juegan los estadounidenses.
Eso no ha cambiado, pero los jugadores sí. Los grupos criminales mexicanos y balcánicos se han acercado a la producción de coca en América del Sur para acceder a cantidades al mayoreo y hacer más eficientes las líneas de suministro, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
“Si los estadounidenses no compraran las drogas y no las consumieran, no tendríamos este problema”, dijo Palacio a Potter en 1982. “Simplemente estamos sufriendo las consecuencias de una actitud causada por el pueblo estadounidense”.
García y Palacio también le dijeron a Potter que habían temido por sus vidas. La diáspora colombiana continúa separando familias. La población de migrantes colombianos que se mudan a EE. UU. ha estado aumentando desde 1980. Los condados de Miami-Dade y Broward tenían las poblaciones más altas.
Visite Local10.com el jueves 15 de febrero para la Parte 4 de la serie de 5 partes “Guerras de Drogas Colombianas”.