CARACAS – Nicolás Maduro espera colocarse la banda presidencial por tercera vez el viernes en una ceremonia que llega precedida por amplios cuestionamientos a su victoria electoral.
Sin evidencias que muestren que ganó las elecciones de julio del año pasado —aunque han pasado más de cinco meses desde la votación—, el presidente venezolano enfrenta su reto más difícil hasta la fecha. Y es el de enfrentar a una oposición organizada, encabezada por el hasta entonces desconocido Edmundo González, que ha mostrado pruebas creíbles de haber cosechado en las urnas una ventaja de 2 a 1 frente a Maduro.
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Los cuestionamientos a un tercer mandato del mandatario autoproclamado como socialista llegaron desde dentro del país, con multitudinarias marchas reprimidas por las fuerzas del orden, y desde el ámbito internacional, con severas críticas desde Estados Unidos, otros países y organismos sobre que la última elección fue robada.
Maduro, de 62 años, fue declarado ganador en julio de 2024 por el Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo colegiado de mayoría oficialista que afirmó que el mandatatio obtuvo 6,4 millones de votos frente a los 5,3 millones que recibió González. La oposición recopiló y exhibió un 83,5% de las actas de votación como prueba de la victoria de González, que fueron avaladas internacionalmente por observadores electorales como el Centro Carter o las Naciones Unidas.
El heredero político del fallecido expresidente Hugo Chávez se asoma a un tercer mandato de seis años en medio del desgaste social, tras otros casi 12 de gobernar con mano de hierro, según sus propias palabras. Las dificultades económicas y el malestar de un sector de la población que se dice frustada ante la falta de cambio en el poder aguardan tras la ceremonia del 10 de enero.
Su rival en la contienda, Edmundo González, se marchó del país en busca del exilio en España, a raíz de una orden de detención en su contra que aún sigue vigente por una investigación de la fiscalía. Aun así, ha prometido regresar a Venezuela para asumir la Presidencia, contando con el respaldo de Estados Unidos y varios países más que lo reconocen como presidente electo.
La crisis social y económica en Venezuela en la última década, caracterizada por la pobreza, el hambre, elevados costos de salud, corrupción, la caída de los otrora ingentes ingresos petroleros y la represión a quienes protestan contra la gestión gubernamental, empujó a más de siete millones de personas a migrar en busca de mejores condiciones de vida.
El heredero de Hugo Chávez
Desde que Maduro tomó el poder hace casi 12 años ha enfrentado el avance de la oposición en el terreno político y protestas de la población, así como sanciones comerciales, aislamiento internacional, renuncias en las filas del oficialismo y el deterioro de la economía nacional.
En las últimas elecciones, el exchofer de autobús se midió en las urnas sin el respaldo de popularidad que heredó de Chávez (1999-2013) tras su muerte y que lo impulsó a salir victorioso en su primera incursión como candidato presidencial. Tampoco contó con la ventaja que tuvo en los cuestionados comicios del 2018, cuando compitió prácticamente solo, luego de que la coalición opositora se negara a participar alegando la falta de garantías.
La primera vez que ganó unas elecciones, lo hizo en 2013 por un estrecho margen, luego del fallecimiento de Chávez en marzo de ese año debido a un cáncer.
Unos meses antes, en diciembre de 2012, Chávez pidió a sus simpatizantes que, en caso de quedar incapacitado para gobernar, votasen por Maduro. En ese momento pocos confiaban en que quien fungió inicialmente como escolta de Chávez pudiera asegurar la supervivencia del proyecto político de Chávez.
Fue un momento crucial en la vertiginosa carrera política del también exjugador juvenil de béisbol, que fue ascendiendo en el partido de gobierno los primeros seis años como diputado hasta presidir la Asamblea Nacional. Estuvo otros seis años frente a la Cancillería y un par de meses en la Vicepresidencia.
Apenas una década antes, en los años 90, Maduro conducía un autobús del servicio complementario del sistema de trenes subterráneos de Caracas, donde se desempeñó brevemente también como dirigente sindical.
Tras dejar su empleo, se vinculó al movimiento político organizado por Chávez justo después de que el entonces teniente coronel —que encabezó un fallido y sangriento golpe militar— fue liberado gracias a un perdón presidencial en 1994.
Chávez fue elegido presidente en diciembre de 1998 y unos meses después de su toma de posesión, Maduro fue designado constituyente.
Mano dura para gobernar
En 2014, menos de un año después de asumir su primera presidencia, la oposición más radical, que ya integraba Machado, llamó a protestas callejeras en la capital venezolana y otras ciudades que dejaron 43 fallecidos y decenas de arrestos. Entre ellos, fue detenido el líder opositor Leopoldo López por casi cinco años.
Un año después de esas movilizaciones, la oposición ganó la mayoría de los escaños en la Cámara de Diputados y le arrebató al oficialismo el control del Congreso que había mantenido por 16 años.
El triunfo opositor desató fuertes tensiones entre el Legislativo, el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia — integrado por magistrados que formaron parte del gobierno y cercanos colaboradores del gobierno— que fueron escalando hasta 2017. Ese año Maduro logró la instalación de una oficialista Asamblea Constituyente para neutralizar al Legislativo de mayoría opositora.
A esos eventos le siguieron cuatro meses de protestas callejeras, entre abril y julio del 2017, que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad y militares, y que dejaron más de un centenar de muertos, miles de heridos y varias decenas de detenidos en todo el país en el intento de derrocarlo.
Por esos hechos, la Corte Penal Internacional abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela, y en septiembre de ese año seis países de la región solicitaron a esa instancia judicial investigar posibles crímenes de lesa humanidad, en un caso que aún no se ha resuelto.
Primera reelección sin oposición
Maduro fue reelegido en 2018 en unos comicios catalogados por decenas de países como fraudulentos, entre ellos Estados Unidos, que derivaron en una serie de sanciones económicas y comerciales orientadas a que dejara el poder. Maduro se presentó en las urnas prácticamente solo y logró la reelección con seis millones de votos.
Más de una veintena de países cuestionaron los comicios y Maduro debió hacer frente a partir de ese momento a un aislamiento internacional. Su popularidad cayó drásticamente.
Durante su mandato, decenas de dirigentes opositores, entre los más populares, fueron inhabilitados para participar en elecciones. Otros fueron encarcelados o huyeron al exilio. Maduro también pareció encabezar una purga en el partido gobernante en la que se deshizo de prominentes funcionarios que eran leales a Chávez, pero venían sumando sus voces a los críticos de su gestión.
En 2019, la crisis política se reavivó cuando el diputado opositor Juan Guaidó, integrante del partido Voluntad Popular que creó López, asumió la dirección del Congreso y se declaró presidente interino de Venezuela, con el respaldo de varios países europeos y de Estados Unidos.
Ese año también se dieron protestas callejeras y una fracasada insurrección militar el 30 de abril respaldada por López, quien se refugió después en la Embajada de España y luego huyó del país.
El oficialismo recuperó el Congreso en las elecciones parlamentarias de diciembre 2020 que se dieron en medio de un boicot opositor.
A pesar de retomar el control político, los problemas de Maduro no terminaron.
Maduro ha acusado repetidamente a Estados Unidos y a otros gobiernos latinoamericanos de conspirar para asesinarlo y buscar su salida del poder mediante presiones sobre la economía venezolana, que llegó estar al borde del colapso debido a la escasez de alimentos y medicinas y a una inflación que entre 2012 y 2020 superó el 130.000%. La economía se contrajo un 71%, siendo el país que posee las mayores reservas de crudo del mundo.
Entonces, Maduro comenzó a aplicar una serie de medidas económicas a partir de 2021, más alejadas de las políticas de Chávez pese a que sigue identificándose como un gobierno socialista, como la eliminación de los controles de precios y de cambio, la flexibilización de las importaciones, una dolarización de facto en la economía doméstica, así como restricciones al gasto público y el endeudamiento privado. Ese año, Venezuela logró salir del ciclo hiperinflacionario que enfrentó por cuatro años.
En los últimos años, la situación económica del país y el abastecimiento ha mejorado, pero esto no se ha trasladado a la imagen del mandatario ni a las condiciones de vida de los venezolanos.