MEXICO CITY – Después de un fin de semana en el que cientos de mexicanos exigieron justicia por todo el país para las víctimas del rancho de Jalisco que presuntamente funcionaba como un centro de muerte y reclutamiento del crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el lunes que se reforzarán los instrumentos para buscar a los desaparecidos de México, un asunto que calificó por primera vez de “prioridad nacional”.
Entre otros, dijo que se fortalecerá la Comisión Nacional de Búsqueda, establecida en la anterior administración pero que estaba muy debilitada por la falta de presupuesto, y habló de la creación de nuevos protocolos de búsqueda, de registros únicos para denunciar las desapariciones, de bases de datos nacionales para la identificación forense y de que haya más coordinación entre fiscalías.
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La gran mayoría de lo anunciado por la mandataria son instrumentos que ya existen en México desde hace años pero que, en la práctica, siguen sin funcionar en gran parte por la falta de voluntad política de las autoridades, según han denunciado en múltiples ocasiones distintos colectivos de derechos humanos.
Algunos expertos consideran que las medidas son redundantes y, en algunos casos, cuestionables, pero otros los ven como una señal positiva ante un problema que no deja de crecer. El lunes, el registro oficial sumaba casi 125.000 desaparecidos.
La declaración de intenciones de Sheinbaum llega más de una semana después de que un colectivo de búsqueda, Guerreros Buscadores, hallara numerosos restos humanos y cientos de objetos personales en un rancho de Teuchitlán casi seis meses después de que las autoridades locales y la Guardia Nacional ubicaran el lugar y no avanzara investigación alguna, un descubrimiento que la ONU calificó de “perturbador”.
“Actuamos con sensibilidad y empatía con quienes buscan a sus hijos o sus seres queridos”, aseguró la presidenta, al tiempo que garantizaba que en el caso de Teuchitlán se llegará a la verdad con base en “evidencia científica”, que no se tolerará “la construcción de verdades a medias o falsedades” y que no se encubrirá a nadie.
Sin embargo, el colectivo Guerreros Buscadores desconfía y criticó este fin de semana en sus redes que la fiscalía federal no les permita observar el procesamiento de los restos del rancho, un derecho que tienen las familias de víctimas.
Con respecto a los anuncios, Sheinbaum dijo que habrá más recursos para la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) con el fin de ampliar su "capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipos tecnológicos que acompañen la búsqueda con evidencias científicas” y que se reforzará del Centro Nacional de Identificación Humana.
“Para como estábamos ya eso es avance, que la presidenta por primera vez diga que el tema es prioridad nacional, pero en efecto es una mezcla de cosas y habrá que ver detalles”, indicó Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), uno de los más reconocidos del país.
El arranque de la CNB fue muy celebrado, pero la salida de su primera titular, Karla Quintana, a finales de 2023 —según ella misma denunció porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quería reducir las cifras oficiales de desaparecidos — generó muchos cuestionamientos al Ejecutivo por parte de la sociedad civil que también ha criticado a sus actuales dirigentes.
Algo parecido ocurrió con el Centro Nacional de Identificación Humana, un “elefante blanco” que hoy está en el abandono, según denunció en enero el Centro Prodh. Y con entidades oficiales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la de Atención a Víctimas que, según los colectivos sociales, se han politizado.
La presidenta mexicana señaló que habrá nuevos protocolos de alerta inmediata, aunque los actuales —que no siempre se cumplen— han sido elogiados por organismos internacionales; que se abrirán de inmediato investigaciones ante una denuncia por desaparición y que sus números se harán públicos de forma mensual. Además, se equiparará el delito de desaparición al de secuestro.
Santiago Corcuera, asesor de varios organismos de Naciones Unidas y exmiembro del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, consideró “pésima idea” este último punto, porque —señaló— las convenciones internacionales piden separar claramente la desaparición del secuestro. Además, calificó la mayor parte de los anuncios como “innecesarios y redundantes” con leyes que ya existen.
Asimismo, mostró su preocupación ante el hecho de que la mandataria quiera deslindar a las autoridades de la mayoría de las desapariciones, cuando el crimen organizado suele operar con su tolerancia o, al menos, gracias a su inacción. El ejemplo más conocido es la desaparición de los 43 estudiantes en el sur de México en 2014, un “crimen de Estado” todavía por esclarecer.
Precisamente esta presunta complicidad es la que se denunció en varias manifestaciones durante el fin de semana donde colectivos de búsqueda de desaparecidos y activistas exigieron respuestas tanto al gobierno de Jalisco, cuyo titular se reunirá con el gabinete de seguridad de Sheinbaum el martes, como al federal.