Vicepresidenta de Ecuador se encuentra en Turquía tras disputa pública con el presidente Noboa

ARCHIVO - La vicepresidenta ecuatoriana Vernica Abad, suspendida de su cargo, ingresa a una audiencia con relacin a la suspensin de sus labores por parte del Ministerio del Trabajo, el 23 de diciembre de 2024, en Quito, Ecuador. Una jueza reincorpor a Abad en su cargo. (AP Foto/Carlos Noriega, archivo) (Carlos Noriega, Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.)

QUITO – La vicepresidenta ecuatoriana Verónica Abad se encuentra en Turquía, según explicó el lunes, adonde llegó para cumplir las funciones diplomáticas que le encomendó el presidente Daniel Noboa luego de que durante meses se negó a hacer el viaje en medio de disputas con el mandatario.

En un video publicado en la red social X, Abad indicó que está “en la embajada de Ecuador en Turquía”, explicó que llegó con sus propios recursos y que cumplirá "el decreto presidencial” que le asignó funciones diplomáticas en ese país. De acuerdo con la Constitución, el presidente puede asignarle al vicepresidente las funciones que estime pertinentes.

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Exigió también que se habiliten instrumentos y las herramientas administrativas necesarias para cumplir sus funciones, como el correo institucional, en que sea identificada como "vicepresidenta constitucional de los ecuatorianos”. Hizo sus declaraciones en una oficina con un cuadro de un paisaje andino, y estaba flanqueada por la bandera de Ecuador a su mano derecha y a su izquierda por la de Turquía.

La relación entre el presidente y la vicepresidenta ha estado marcada por diferencias. Abad acusó al mandatario de violencia política de género y Noboa la acusó de deslealtad.

Noboa se distanció de Abad desde la campaña electoral pasada. Después de que el mandatario asumió el poder en noviembre de 2023, en un principio le encargó labores diplomáticas en Israel, lo que ella consideró un exilio forzado. Luego de que surgiera el conflicto bélico en Oriente Medio, le asignó la embajada ecuatoriana en Turquía. En un principio ella se negó a hacer el viaje, bajo el argumento de que el gobierno no le daba los fondos ni las facilidades para hacerlo, y mientras tanto debía ocupar las oficinas de la vicepresidencia, lo cual le fue negado.

Se desconoce la razón por la que finalmente se decidió a viajar.

El distanciamiento nuevamente quedó en evidencia hace poco, cuando Noboa debía cederle el poder durante la primera ronda electoral mientras hacía campaña, pero no lo hizo. En lugar de ello designó a una funcionaria de confianza, aduciendo excusas legales, lo cual le valió críticas de analistas y expertos constitucionales.

El mandatario busca ser reelegido en un balotaje previsto para el 13 de abril, en el que enfrentará a la izquierdista Luisa González, apadrinada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017). En la primera ronda prácticamente terminaron en un empate técnico.

Noboa asumió el poder a finales de noviembre de 2023 y deberá entregarlo en mayo de este año —si es que no es reelegido— en reemplazo del expresidente Guillermo Lasso, quien hace aproximadamente dos años disolvió la Asamblea y acortó su propio mandato.

En un comunicado publicado en redes sociales, la cancillería informó que se habilitó una oficina para el uso de la vicepresidenta “a fin de que cumpla las funciones de consejera económica”, atendiendo lo dispuesto por el mandatario. También se le habilitará la tecnología que requiera.

No se refirió a la posible reposición de los fondos que Abad dice ha erogado.

Las disputas entre Noboa y Abad también se ventilaron en los tribunales, donde la vicepresidenta ha perdido varios procesos, el último de ellos cuando un juez electoral le suspendió los derechos políticos por dos años y le impuso una multa luego de que la canciller Gabriela Sommerfeld la acusara de violencia política de género.

Previamente a Abad le fue impuesta una multa de 8.500 dólares por hacer campaña de forma anticipada en 2023, cuando se postulaba a la alcaldía de Cuenca, su ciudad natal. Además, el Ministerio de Trabajo la suspendió del cargo por cinco meses, pero una jueza revirtió la decisión al considerar que se vulneraron sus derechos constitucionales.


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