SAN SALVADOR – Amnistía Internacional y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos acusaron el viernes al gobierno de El Salvador de profundizar el patrón autoritario en respuesta a los distintos conflictos sociales que han surgido recientemente en el país.
En un comunicado de prensa, los organismos le exigen al gobierno del presidente Nayib Bukele que libere a dos personas detenidas durante un plantón de miembros de una cooperativa agrícola que protestaban contra una orden judicial de desalojo, y también piden una “investigación efectiva e independiente” sobre la muerte de un empresario del transporte colectivo que estuvo bajo custodia policial.
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Además, en clara referencia a la Ley de Agentes Extranjeros, exigen que “el Estado desista de cualquier intento legislativo que procure sancionar el trabajo legitimo de organizaciones de derechos humanos y de quienes acompañan a víctimas en sus búsqueda de verdad, justicia y reparación”.
“La represión no debe ser la respuesta a demandas sociales legítimas. Lejos de ofrecer una solución al fondo de las demandas, aumenta la tensión y deteriora la confianza en las instituciones", señalaron los representantes de las organizaciones firmantes. "El uso ilegítimo de la fuerza contra personas que protestan pacíficamente, la criminalización de quienes defienden derechos humanos y la instrumentalización del sistema penal para aplacar las demandas sociales son prácticas autoritarias que no deben constituir la respuesta del Estado frente al descontento de la población. Gobernar no debe ser sinónimo de reprimir”.
The Associated Press intentó contactar a la oficina de la Casa Presidencial, pero no obtuvo respuesta.
Desde hace tiempo Bukele ha mantenido un conflicto con organizaciones de derechos humanos, quienes han criticado su dura represión a las pandillas del país, en la que ha suspendido derechos constitucionales clave y arrestado a más de 85.900 personas por presuntos vínculos con pandilleros.
Sin embargo, el propio gobierno ha reconocido que el 90% de los detenidos se encuentran en prisión a la espera de un juicio, y que 8.000 personas han tenido que ser liberadas debido a falta de pruebas. Organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que podría haber hasta 25.000 inocentes encarcelados.
Después de la protesta de los miembros de la cooperativa agrícola, Bukele anunció que impulsaría dicha ley de agentes extranjeros, la cual incluiría un impuesto del 30% a las donaciones a organizaciones no gubernamentales, algunas de las cuales han criticado a su gobierno desde hace tiempo por medidas que dicen son antidemocráticas.
Si bien Bukele dio pocos detalles de la propuesta, se asemeja a una que impulsó en el 2021, la cual fracasó ante el peso de las criticas internacionales.
“Con esta ley, el gobierno no sólo busca silenciar a las organizaciones de la sociedad civil que denuncian abusos, sino que también golpea directamente a las personas que reciben su asistencia y acompañamiento", denunció Ana Piquer, directora para Las Américas de Amnistía Internacional. "Acceder a recursos financieros de diversas fuentes, incluidas fuentes internacionales, sin restricciones indebidas es un componente del derecho a la libertad de asociación, el cual es un derecho humano reconocido internacionalmente”.
Juan Pappier, director para las Américas de Human Rights Watch, advirtió que este proyecto de ley se ajusta a las medidas aprobadas por gobiernos autocráticos para reprimir a la disidencia, y mencionó leyes de Nicaragua, Venezuela, Rusia, Bielorrusia y China.
“Aprobar legislación sobre actores extranjeros es una estrategia clásica de los autócratas. No hay nada creativo ni innovador en esto. Es una forma de estigmatizar a las organizaciones que reciben financiación extranjera y de limitar su trabajo”, agregó Pappier.
Por su parte, Eduardo Escobar, de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, consideró que se trata de una medida “desesperada y cobarde” del gobierno para tratar de contener el creciente descontento social.
“Las gestiones de Bukele se han caracterizado justamente por el hostigamiento y los intentos de acallar las voces críticas”, manifestó el abogado David Morales de la organización no gubernamental Cristosal, pero advirtió que “las voces de las personas defensoras y de la prensa independiente van a seguir. Entonces, creo que este esfuerzo por acallar no va a resultar”.