GUATEMALA CITY – Una corte guatemalteca emitió el lunes una orden de detención contra el exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y contra la exjefa de investigaciones de este órgano, que es actual fiscal general de Colombia, por sus investigaciones desde 2017 en el país centroamericano sobre la entrega de sobornos a funcionarios públicos por parte de la empresa brasileña Odebrecht.
El fiscal Rafael Curruchiche, al que varios países han sancionado por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia, solicitó a una corte de apelaciones una orden judicial de aprehensión contra Luz Adriana Camargo Garzón y contra Iván Velásquez —también exministro de Defensa colombiano y actual embajador designado ante el Vaticano—, a los que señala de cometer asociación ilícita junto a otros fiscales por sus investigaciones sobre el caso Odebrecht en Guatemala.
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Según el fiscal, los ahora acusados, que investigaron a exfuncionarios guatemaltecos por recibir sobornos de Odebrecht, eran una “estructura criminal encabezada por el excomisionado de la CICIG" que “favoreció a los empresarios de la constructora" y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3.000 millones de quetzales (unos 380 millones de dólares).
Señaló, además, que por lo menos cuatro exfiscales, entre ellos los guatemaltecos Thelma Aldana, exfiscal general, y Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del país centroamericano, también deben ser detenidos.
En 2017, Sandoval viajó a Brasil para firmar cuatro convenios de colaboración con personeros de Odebrecht con el fin de resolver la situación jurídica de las obras para la construcción de carreteras —por casi 400 millones de dólares— que quedaron inconclusas.
Los acuerdos, que contaban con autorización de la juez del caso, estipulaban la declaración de los personeros de Odebrecht en la que estos señalaban a quienes habían recibido los sobornos. A cambio, la fiscalía finalizaría su investigación contra ellos.
Tras conocer las acusaciones del fiscal guatemalteco, Velásquez reaccionó en su cuenta oficial en la red social X: “Y ahora, la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche —designados como corruptos y sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea— extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio”.
Más tarde, el gobierno guatemalteco rechazó de forma “enfática” las ordenes de aprehensión giradas contra Velásquez y Camargo, catalogándolas de ser “un acto irresponsable y espurio” de parte de la fiscalía, y dijo que estas “carecen de sustento legal y vulneran el acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala sobre el establecimiento de CICIG en el país, así como sus propósitos y principios de justicia y derecho internacional”.
“Estas acciones se realizan con un evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y se suman a la seguidilla de actuaciones por parte del Ministerio Público, la fiscal general y jueces asociados a la corrucpión que han tergiversado el sentido de justicia en Guatemala”, manifestó el gobierno en un comunicado de prensa.
La presidencia explicó que ya mantiene contacto con las autoridades colombianas con el fin de hacer ver las objeciones y aclaraciones diplomáticas que correspondan “para no afectar la honra de la nación”.
La canciller colombiana, Laura Sarabia, dijo en un comunicado publicado en su cuenta en X que el ministerio a su cargo expresaba “profunda preocupación y enérgico rechazo” por la captura ordenada, la cual “carece de sustento jurídico, constituye un atentado contra los principios fundamentales de justicia internacional”.
Dijo también que el gobierno colombiano reafirmaba su compromiso con el respeto al derecho internacional, la independencia judicial y la cooperación entre Estados. “Sin embargo, advierte que dichos principios no pueden ser tergiversados ni utilizados como instrumento de persecución política o personal, ni para justificar decisiones carentes de legitimidad”, agregó.
Colombia indicó que ha activado canales diplomáticos para manifestar formalmente su rechazo.
Curruchiche informó que le pidieron a la Interpol hacer efectivas las detenciones.
El caso Odebrecht fue investigado, desde 2017, por el exfiscal Sandoval que ahora se encuentra en el exilio, quien acusó a exfuncionarios de gobierno y políticos de recibir sobornos de Odebrecht. A su salida del cargo, Curruchiche reenfocó la investigación y la emprendió contra exfiscales, jueces y miembros de la CICIG que habían participado en la investigación.
En un comunicado el 12 de mayo, Sandoval dijo que la investigación de Curruchiche “era un montaje y estrategia de manipulación”, y que lo que hacía el fiscal era “imputar a subordinados sin proceder contra los líderes políticos y económicos de la red (que recibió sobornos)”.
Sandoval agregó que la fiscalía a cargo de Curruchiche criminalizaba a quienes no tenían poder de decisión mientras que protegía “a quienes recibieron sobornos y hoy gozan de privilegios políticos”.
“El Ministerio Público, bajo mi dirección y con el acompañamiento de la CICIG... investigó y documentó desde el año 2017 la estructura criminal que permitió el pago de sobornos por parte de Odebrecht en Guatemala”, señaló Sandoval.
El exfiscal agregó que “esa labor condujo a la aprehensión de Alejandro Sinibaldi (exministro de comunicaciones e infraestructura y excandidato presidencial), la identificación de redes de lavado (de dinero) y el procesamiento de figuras como Manuel Baldizón (excandidato presidencial que cumplió condena en Estados Unidos por lavado de dinero)”, agregó Sandoval.
Sinibaldi y Baldizón están libres.
La CICIG fue una misión de la ONU que operó en Guatemala durante 12 años, de 2007 hasta 2019, cuando el entonces presidente Jimmy Morales decidió no renovar su mandato, luego de que la comisión revelara que miembros de su familia estaba implicados en una acusación.
La Comisión desarticuló cientos de estructuras de crimen organizado, llevando a juicio a jueces, fiscales, funcionarios públicos, expresidentes, empresarios y particulares ante la justicia por crímenes como corrupción e impunidad.
Según el mandato de la CICIG firmado entre la ONU y el gobierno guatemalteco en 2007, en su artículo 10 sobre privilegios e inmunidades del comisionado y personal de la CICIG, se establece que el personal internacional de la comisión disfrutará de privilegios e inmunidades que se otorgan a expertos de misiones de Naciones Unidas.
Los incisos a y b establecen “inmunidad de arresto o detención personal y de confiscación de su equipaje (e) inmunidad de toda acción judicial con respecto a la palabra pronunciadas o escritas y actos realizados por ellos en el desempeño de su misión". Dichas inmunidades incluso se mantendrán “después de que hayan dejado de prestar servicios a la CICIG”.