BUENOS AIRES – La expresidenta argentina Cristina Fernández calificó de “monigotes” del poder económico a los tres jueces de la Corte Suprema que el martes ratificaron la condena en su contra a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por corrupción y que la dejaron a las puertas de un arresto.
Los magistrados rechazaron el recurso de queja presentado por Fernández (2007-2015) en marzo pidiendo que se revisara la sentencia por el delito de administración fraudulenta dictada en 2022 por un tribunal federal y luego ratificada por la principal cámara penal.
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“Este cepo al voto popular no lo propone este triunvirato de impresentables que funge como una ficción de la Corte Suprema. Son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos”, dijo la dirigente del peronismo opositor y principal figura política de las últimas dos décadas a sus militantes frente a la sede del Partido Justicialista (peronismo) en la capital.
Con el fallo de la Corte quedó vigente la pena de cárcel e inhabilitación, por lo que Fernández no podrá competir en septiembre por una banca en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, tal como había anunciado.
Fernández, de 72 años, tiene ahora un plazo de cinco días hábiles para presentarse ante el tribunal federal que la condenó en primera instancia para que se haga efectiva su detención.
El tribunal federal le pidió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que disponga de un lugar de arresto para la dirigente peronista.
Se espera que la defensa de Fernández solicite el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, uno de los atenuantes que contempla la ley.
La también exvicepresidenta (2019-2023) se considera víctima de una persecución judicial orquestada por sectores conservadores para sacarla del escenario político.
El abogado Gregorio Dalbón, uno de los representantes legales de Fernández, anunció que “vamos a llevar este caso ante todos los organismos internacionales de derechos humanos: la Comisión y la Corte Interamericana, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y todos los foros multilaterales donde se defienda el Estado de Derecho”.
Minutos antes de que se conociera el fallo, militantes de la corriente de centroizquierda del peronismo que tiene a la exmandataria como referente cortaron los principales accesos a Buenos Aires durante algunas horas.
Otro grupo ingresó por la noche en las instalaciones del canal 13 y de la cadena de cable Todos Noticias, ambos pertenecientes al Grupo Clarín, y destrozaron autos, rompieron vidrios y televisores. No se reportaron heridos.
“Se impone una urgente investigación y sanción a los responsables. Y requerimos reforzar la protección y seguridad de los medios de comunicación y periodistas”, expresó la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA) en un comunicado.
En paralelo, decenas de partidarios y dirigentes sociales, políticos y sindicales manifestaban su apoyo a Fernández frente a su domicilio en el barrio de Constitución.
El ultraderechista presidente Javier Milei celebró el fallo. “Justicia. Fin”, publicó en su cuenta de X, antes Twitter. El mandatario agregó que la “república funciona”.
La exvicepresidenta fue condenada hace tres años tras ser hallada culpable de haber cometido un fraude millonario al Estado durante su presidencia mediante la asignación irregular de fondos estatales a un empresario allegado para la realización de obras públicas.
La causa judicial, que comenzó en 2016, comprobó irregularidades en 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015, que comprenden la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) —difunto marido de Fernández— y en los que ella fue mandataria.
Según la justicia, durante esos gobiernos tuvo lugar “una extraordinaria maniobra fraudulenta” que perjudicó los intereses de la administración pública y estimó el desfalco en unos 85.000 millones de pesos (algo más de 70 millones de dólares, al cambio actual).
Las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al también condenado empresario de la construcción Lázaro Báez, cercano al matrimonio Kirchner, con sobreprecios de más del 20%.
La exmandataria tiene por delante un complicado escenario judicial. El 6 de noviembre comenzará a ser juzgada como presunta jefa una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a empresarios vinculados con la obra pública.
Otro proceso, aún sin fecha de inicio definida, girará en torno a la firma de un memorando de entendimiento con Irán en 2013. Según la justicia ello habría permitido el encubrimiento de los iraníes imputados por la justicia argentina en la causa por el atentado terrorista de 1994 contra una asociación judía en Buenos Aires.
En un tercer caso será juzgada bajo la acusación de lavado de activos y asociación ilícita por un presunto esquema mediante el que empresarios favorecidos con obra pública habrían pagado alquileres de propiedades pertenecientes a la exmandataria y a sus hijos como retorno de las adjudicaciones.
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El periodista Sergio Farella contribuyó a este despacho.