BOGOTÁ – La Fiscalía colombiana judicializó el martes a un menor de edad de 15 años por el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en un mitin político el fin de semana, que dejó al también senador en estado crítico en el hospital.
El menor, al que señalan de haber disparado en la cabeza al político en medio de un acto político, rechazó los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, según la fiscalía. Fue detenido momentos después del ataque en su huida.
Recommended Videos
Uribe Turbay continúa en estado crítico, tras una intervención quirúrgica a la que fue sometido tras recibir varios disparos en su cuerpo, incluida su cabeza. “En esta franja de complejidad se encuentra estable y las intervenciones realizadas en estas horas recientes mantienen su condición”, informó el martes la Fundación Santa Fe de Bogotá donde está internado desde el sábado.
Las autoridades investigan el móvil del ataque contra Uribe Turbay y barajan un amplio espectro de hipótesis que incluye desde un intento de afectar a miembros de la oposición a un movimiento para desestabilizar el gobierno. Sin embargo, no se ha señalado al presunto autor intelectual.
El juez impuso una medida de “internamiento preventivo en centro especializado” al detenido, a quien no corresponde el traslado a una cárcel por ser menor de edad. La fiscalía dijo que, de ser hallado culpable, podría tener una pena de hasta ocho años en un centro para adolescentes.
El joven fue herido en un intercambio de disparos con el aparato de seguridad del senador cuando huía, por lo que fue remitido a una clínica desde donde atendió las audiencias judiciales. La fiscalía ha pedido un amplio esquema de seguridad para el menor tanto en la clínica como en el lugar a donde sea recluido.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, dio información el lunes sobre el adolescente señalado e indicó que había participado en programas gubernamentales de ayuda a jóvenes de zonas vulnerables. “Demostró una personalidad completamente conflictiva, sin capacidad de establecer vínculos intersociales”, según el mandatario.
El país sudamericano quedó conmocionado por el atentado al recordar las oscuras épocas en que los cárteles del narcotráfico asesinaban a candidatos presidenciales y otras figuras de alto perfil.
El ataque a Uribe Turbay, opositor al gobierno izquierdista, ocurre a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026 y ha generado preocupación por la seguridad de los demás precandidatos, algunos de los cuales cancelaron sus eventos de campaña de manera preventiva.
A las afueras de una clínica, la esposa de Uribe Turbay hizo el martes un llamado a la unión y la calma.
“Hago un llamado a cada uno de los sectores, a todos los grupos políticos, a los grupos armados, a cada sector y cada rincón de este país a que sanemos a Colombia, que nos unamos”, dijo a la prensa María Claudia Tarazona, quien aseguró que el precandidato “es un guerrero, sigue luchando por su vida”.
La estatal Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica, Naciones Unidas y la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos hicieron el martes un llamado conjunto a los partidos políticos y a los precandidatos independientes a hacer compromisos para lograr un proceso electoral pacífico.
Invitaron a adoptar una “política de no violencia”, en la que se tomen medidas para erradicar cualquier acto de este tipo en el proceso electoral, incluyendo “aquellas para fomentar el respeto de quien tiene ideas opuestas”, así como a evitar un lenguaje ofensivo, discriminatorio o que incite al odio.
El ataque contra Uribe Turbay, miembro del partido opositor Centro Democrático, ha generado diferencias entre el oficialismo y la oposición, que ya tenían una relación tensa. La víspera, el gobierno invitó a los partidos políticos y precandidatos a una reunión extraordinaria para discutir sobre su seguridad, pero nueve partidos de oposición e independientes se negaron a ir alegando falta de garantías de parte del gobierno.
Tras la reunión, el presidente Petro se comprometió a moderar su lenguaje. También estaría dispuesto a hablar con los precandidatos de todas las corrientes y los expresidentes del país, la mayoría críticos a su gestión, según el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Javier Garay, doctor en Ciencia Política y docente de la Universidad Externado de Colombia, dijo a The Associated Press que puede ser difícil de pasar a la práctica las intenciones de bajar el tono del debate político con posiciones antagónicas marcadas.
Por un lado, el gobierno considera que lucha contra las élites, que representan los partidos políticos tradicionales, a las que ha tildado de “nazis” y que intentarían obstaculizar las reformas sociales en el Congreso. Por el otro, la oposición tiene, según el analista, una acumulación de molestias con el gobierno, con el que ya tenían hondas diferencias.
Según Garay, aunque el ataque a Uribe Turbay recuerda los asesinatos de candidatos de los años 1980 y 1990 que ocurrieron en el país, la actual coyuntura tiene matices diferentes.
“En esa época había un temor constante por la amenaza terrorista, pero se sabía que la fuente era ‘externa’, al ser el cartel de Medellín”, señaló Garay. “Mientras que ahora vemos una polarización desde el punto de vista político e ideológico, por lo que la noción es diferente”, explicó.