PANAMA CITY – El gobierno de Panamá declaró el viernes un nuevo estado de emergencia en la provincia de Bocas del Toro, principal zona bananera del país, que suspende por cinco días algunas garantías individuales como el libre tránsito y reunión ante la intensificación de las protestas que derivaron el día anterior en la irrupción violenta de un aeropuerto y de una oficina de una transnacional bananera.
La restricción de derechos se extenderá por cinco días, según anunció el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en un intento de “restablecer la paz y el orden” ante lo que consideró actos de violencia sistemática.
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El presidente panameño, José Raúl Mulino, y sus ministros de Estado acordaron la medida para enfrentar el caos que se vive en Bocas del Toro, la principal productora de banano del país que lleva casi dos meses paralizada.
El gobierno ya había declarado el 27 de mayo un estado de emergencia en esa provincia para atender la crisis causada por una huelga en las bananeras y los cierres de vías, pero que no afectaba derechos constitucionales.
El Ministerio de Seguridad desplegó la semana pasada más de 1.500 uniformados en esa provincia con el objetivo de reabrir las vías, que seguían bloqueadas pese a que representantes sindicales del gremio bananero acordaron levantar las protestas.
La Asamblea panameña aprobó una nueva ley que restablecía beneficios para ese sector agrícola que, según los manifestantes, habían quedado derogados en una reforma a la seguridad social de marzo que levantó protestas en varias partes del país.
El líder del sindicato de bananeros, Francisco Smith, con el que el gobierno había mantenido negociaciones y quien ordenó levantar el paro bananero tras llegar a un acuerdo, permanece detenido desde el 15 de junio con cargos relacionados a las protestas.
Las autoridades insistieron en que no han usado armas letales en las intervenciones, pero el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, no descartó aumentar la presencia policial: “Si es necesario así se hará".
Los enfrentamientos entre manifestantes y uniformados han dejado más de 50 detenidos, algunos heridos de ambos lados y la muerte de un joven, que está siendo investigada.
En la tarde y noche del jueves, grupos de personas con capuchas ingresaron a la fuerza al aeropuerto de Changuinola —la principal ciudad de Bocas del Toro— donde vandalizaron autos de alquiler, así como a la oficina de la bananera Chiquita donde saquearon artículos, informaron las autoridades.
Las operaciones aéreas fueron suspendidas y no se habían restablecido hasta el momento.
Hubo destrozos, asimismo, en la oficina del Servicio Nacional de Protección Civil, que atiende emergencias, y causaron un incendio parcial en el estadio de béisbol de ese poblado.
El gigante bananero Chiquita eliminó más de 4.500 puestos de trabajos debido a la huelga y anunció el cese de sus actividades en la provincia, alegando perjuicios de 75 millones de dólares.
El ministro Orillac justificó la suspensión de derechos constitucionales por cinco días "para evitar que grupos radicales y delictivos se reúnan para organizar actividades de vandalismo, que pongan en peligro la propiedad y a las personas y que alteran la paz y el orden”.
También afirmó que los hechos registrados el día anterior “son inaceptables y no representan una protesta legítima”.
Las protestas en esta y otras áreas del país comenzaron a finales de abril debido a una serie de reclamos relacionados con un acuerdo firmado con Estados Unidos en temas de seguridad, por la posible reapertura de una mina clausurada en el gobierno anterior y, principalmente, por la reforma a la ley de pensiones.