BOGOTÁ – Nueve contratistas de la Gobernación del Cauca, en el suroeste de Colombia, fueron liberados el viernes tras ocho días de cautiverio en manos de una disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, informó la estatal Defensoría del Pueblo.
Los secuestrados llegaron en la mañana del viernes en una lancha por un río del Cauca custodiados por hombres armados que vestían trajes camuflados con brazaletes de la “Columna Alex Guerrero” poco antes de ser liberados, según corroboró en el lugar The Associated Press.
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Tras sentir que estaban cerca de recuperar su libertad, algunos de los contratistas se abrazaron y lloraron conmovidos.
“Mamita, no llore. Ya estamos esperando que venga la Cruz Roja”, dijo una de las liberadas cuando los armados le permitieron llamar a su familia.
Los contratistas, entre ellos, siete mujeres, fueron secuestrados el 17 de julio cerca del municipio de López de Micay, Cauca. La Gobernación indicó que estaban cumpliendo una “misión humanitaria y social” acercando la oferta estatal a las comunidades.
Un vocero de la disidencia que habló tras la liberación declaró a la prensa que fueron retenidos por supuestamente estar relacionados con apoyos técnicos al ejército y la policía, aunque aseguró que fueron tratados adecuadamente y estaban en buenas condiciones de salud. El hombre, vestido con uniforme militar, no se identificó.
Los contratistas fueron entregados a una misión humanitaria compuesta por la Defensoría del Pueblo y las Naciones Unidas, según informó en un video divulgado a la prensa la defensora del Pueblo, Iris Marín.
“Hacemos un llamado los grupos armados ilegales, especialmente a las disidencias de la línea Iván Mordisco, su obligación de respetar a la población civil y liberar a todas las personas secuestradas", agregó Marín.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, celebró la liberación en un mensaje de X, antes Twitter: “Bien que los nueve funcionarios del Cauca estén libres. El bienestar se mide por la libertad”.
Alias “Iván Mordisco” es el principal cabecilla de una de las facciones disidentes de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016 entre la guerrilla y el Estado.
Chocó, bajo amenaza
En el departamento de Chocó, en el noroeste del país, la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional mantenía paralizado el viernes la región al inicio de un paro armado que restringe bajo amenaza el movimiento de personas.
El paro afecta las vías del departamento y las cuencas fluviales —utilizadas por lanchas como medio de transporte— vitales para algunas poblaciones que no tienen otra manera de movilizarse para buscar alimentos o medicinas.
El ELN, en armas desde 1964, adviertió en un comunicado a la población que se abstenga de movilizarse para evitar “cualquier incidente”.
La guerrilla indicó que la medida es en respuesta a una incursión del ejército realizada el 20 de julio en el municipio de Lloró, durante la cual —según denunció sin mostrar pruebas— el ejército “secuestró” a 12 no combatientes, incluido un bebé.
El ejército informó que en la operación militar ubicaron un área de campamento del ELN en la que se incautaron de armas y drones —que suelen ser usados para lanzar explosivos—. Esa fuerza agregó que dos integrantes del ELN se desmovilizaron voluntariamente, pero no informó sobre la captura o retención de civiles.
Según la gobernación de Chocó, el ELN ha ordenado nueve paros armados en los últimos dos años, algunos limitando zonas del departamento y otros, como el actual, afectando todo el territorio. Chocó tiene aproximadamente 457.000 pobladores, incluidas comunidades afrodescendientes e indígenas.
La gobernación dijo en un comunicado que fortalecería la presencia de militares en los accesos terrestres y fluviales.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia condenó en X la declaratoria de paro armado e instó al ELN y al Clan del Golfo a respetar el Derecho Internacional Humanitario en sus confrontaciones en Chocó.
El gobierno nacional suspendió indefinidamente una negociación de paz con el ELN en enero en protesta por una ola de violencia desatada por la confrontación de la guerrilla con un bando enemigo en la zona del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, que causó al menos 90 muertes y desplazó a más 56.000 personas.
La víspera Petro reprochó al ELN haber sido responsable del rompimiento del diálogo luego de reclamarle por el secuestro de dos policías de un grupo élite en Arauca, en el este del país.