LIMA – El gobierno colombiano exigió el jueves la “liberación inmediata” de dos de sus ciudadanos luego de que un juez peruano ordenara siete días de detención preliminar a los colombianos arrestados el martes en una isla ubicada en el río Amazonas disputada por Perú y Colombia que ha generado tensiones diplomáticas.
La Cancillería de Colombia expresó en un comunicado su “profunda preocupación” por lo que considera fue una “detención irregular” de sus connacionales en la isla Santa Rosa — que Perú reclama como propia — por parte de las “autoridades de facto peruanas impuestas en la zona de manera unilateral”.
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Horas antes, el juez peruano, César Vela, ordenó que los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez y John Amia deben permanecer en la isla Santa Rosa mientras la fiscalía los investiga por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional. La decisión fue divulgada mediante la transmisión de la audiencia por la televisora del Poder Judicial.
La policía peruana detuvo a los colombianos mientras realizaban mediciones con un equipo de georreferenciación en la isla Santa Rosa. Uno de ellos fue liberado, pero otros dos —el topógrafo Carlos Sánchez y el transportista John Amia— quedaron detenidos.
Según Colombia, los detenidos realizaban estudios para medir la profundidad de los cuerpos de agua como parte de la ampliación de un muelle en la fronteriza ciudad colombiana de Leticia. La policía peruana aseguró que los trabajadores no tenían autorización para realizar las mediciones.
Para Colombia las actividades que realizaban los detenidos no se pueden interpretar como un “ejercicio de soberanía” en la isla disputada, por lo que no se les podría acusar, reiteró, por el delito que Perú alega.
Es el tercer incidente binacional en la zona desde que el presidente colombiano Gustavo Petro desconoció la jurisdicción de Perú sobre la isla Santa Rosa el 5 de agosto.
Dos días después, un avión militar colombiano la sobrevoló y el lunes el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, afirmó que plantó una bandera colombiana allí, la cual fue retirada más tarde por la policía peruana.
La detención de los trabajadores colombianos provocó que el presidente Petro calificara el arresto como un “secuestro”, mientras que la cancillería peruana rechazó las declaraciones de Petro.
El territorio en disputa es una pequeña isla de más de 27 kilómetros cuadrados (10 millas cuadradas) en medio del Amazonas que surgió a mediados del siglo pasado. Actualmente viven en el lugar unas 3.000 personas, distribuidas en más de 10 aldeas.
La isla tiene problemas básicos como la falta de agua potable, escasa oferta educativa y de salud, según reportes de la prensa y de la policía. También sufre de delincuencia transfronteriza —incluido narcotráfico y trata de personas— debido a la escasa presencia estatal.
Tras la detención, Colombia instó a Perú a resolver las diferencias mediante diplomacia conservando las relaciones de “hermandad”.
Los límites entre Colombia y Perú fueron la causa de una guerra entre los dos países librada en 1932 y 1933, la cual terminó con un tratado que versaba sobre la línea de frontera y la navegación fluvial.
Colombia reclama que la isla Santa Rosa no alcanzó a ser tenida en cuenta en una asignación de islas de 1929, debido a que no había emergido, por lo que piden que se inicie un proceso de asignación de común acuerdo.
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Briceño reportó desde Lima.