"Se acabaron los días negros". Suspendido gobernador y líder opositor boliviano es excarcelado

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El lder opositor Luis Fernando Camacho, gobernador suspendido de Santa Cruz, alza la bandera de su departamento al ser liberado de prisin y recibir arresto domiciliario tras casi tres aos de prisin preventiva por su participacin en los disturbios violentos que llevaron a la renuncia del entonces presidente Evo Morales en 2019. (Foto AP/Gastn Brito)

LA PAZ – El líder opositor boliviano y gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue excarcelado el viernes tras permanecer en prisión preventiva casi tres años por su presunta participación en las protestas de 2019 que precipitaron la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Por la anoche arribó a su región donde fue recibido por una multitud de seguidores.

La salida de la prisión cercana a La Paz se produjo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenó esta semana que se le revoque el arresto preventivo y se le otorgue la detención domiciliaria con derecho a trabajar, lo que implica que Camacho retornará a la región de Santa Cruz, considerada el motor económico del país andino, donde retomaría sus funciones, informó su defensa.

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“Se acabaron los días negros. Es un honor haber pasado casi tres años en la cárcel por defender la democracia”, dijo Camacho a la multitud que se desplazó en caravana desde el aeropuerto hasta la plaza mayor de Santa Cruz, la rica región en el oriente boliviano y bastión del líder opositor.

Camacho, de 46 años, afronta un proceso por presunta sedición después de liderar las protestas en 2019 que precipitaron la renuncia de Morales (2006-2019) luego de las denuncias por presunto fraude en los comicios de ese año en los que buscaba un nuevo mandato.

Enfrenta otro juicio por haber encabezado, tras ser elegido gobernador de Santa Cruz, protestas durante 36 días en contra del gobierno del presidente Luis Arce para exigir que realizara un nuevo censo de población. Estos procesos seguirán mientras cumple arresto domiciliario, aunque podrá salir a realizar sus labores, según dictaminó el juez en La Paz.

El Tribunal Supremo de Justicia ordenó esta semana que se revoque también el arresto preventivo de la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) y del dirigente cívico Marco Antonio Pumari por haberse excedido el plazo de esa medida.

Los tres están acusados en el contexto de las protestas de 2019 que dejaron al menos 37 muertos y forzaron la renuncia de Morales.

Pumari dejó el penal el viernes en la noche tras casi cuatro años en prisión preventiva en la región sureña de Potosí. “No me voy derrotado, sino victorioso. Hay gente que sigue en la cárcel por defender la democracia", manifestó entre lagrimas.

La libertad de Áñez tomaría más tiempo ya que la justicia debe anular varios procesos en curso en la vía ordinaria para que se inicie en libertad un juicio político reservado a exmandatarios en el ejercicio del cargo, explicó su abogado defensor Luis Guillén.

Áñez participaba el viernes de una larga audiencia virtual por la muerte de manifestantes en la que está procesada por presunto genocidio. Se espera que el tribunal ordinario que la juzga “decline competencia” para que se inicie un nuevo juicio por la vía reservada para exmandatarios, explicó Guillén.

La exmandataria lleva cuatro años y cinco meses detenida en un penal común de La Paz condenada a 10 años por “incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución” por la sesión parlamentaria en la que asumió el cargo siendo senadora opositora tras la renuncia de Morales.

La Corte Suprema analiza un pedido de “revisión extraordinaria de sentencia” para que el juicio “se reencause por la vía que corresponde", dijo Guillén. Después de ese pronunciamiento que no tiene plazo, Añez podría salir libre.

La fiscalía alega que el mandato de Áñez fue “ilegal” y producto de un “golpe de Estado”. La oposición sostiene que las protestas de 2019 fueron una “rebelión contra el fraude”.

Amnistía Internacional y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han dicho que los juicios en contra de los tres tienen motivaciones políticas y que no se respetó el debido proceso.

La decisión de la justicia se da tras las elecciones del 17 de agosto que marcaron un giro político luego de la derrota del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales y Arce, que gobernó por casi 20 años la nación andina.


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